Uscátegui acusa

En una charla grabada, el principal sindicado por la masacre de Mapiripán se defiende y revela nexos de otros generales con paramilitares.

En una pequeña pero cómoda vivienda fiscal en la Escuela de Caballería del Ejército, al norte de Bogotá, el general (r) Jaime Alberto Uscátegui espera impaciente que llegue el martes 20 de abril. Si no se presenta una nueva interrupción, ese día el ex comandante de la VII brigada, con sede en Villavicencio, comparecerá ante uno de los juzgados especializados de esa ciudad, donde será procesado en audiencia pública por su presunta participación en la masacre de Mapiripán, Meta, en julio de 1997, en la que 30 campesinos fueron cruelmente asesinados.

En la soledad de su detención, Uscátegui se prepara para la defensa final de su caso y para ello tiene varios ases bajo la manga. Les ha dicho a sus más cercanos amigos: «Yo no me dejo condenar a 40 años de prisión». Y es que el general dice tener razones de peso para vincular a quienes entonces eran sus jefes no lo ayudan a salir de la encrucijada en que se encuentra. CAMBIO tuvo acceso a una grabación, realizada en julio de 2003, en la que Uscátegui se destapa y pone las cartas sobre la mesa.

La masacre

El proceso por la masacre de Mapiripán es uno de los expedientes criminales más complicados de la reciente historia judicial, porque en él aparecen involucrados militares de alto, medio y bajo nivel que, al parecer, actuaron en complicidad con grupos paramilitares dirigidos desde Urabá por Carlos Castaño.

Por la época de los hechos, mediados de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá crearon el frente Guaviare para ha-cerles frente a las Farc que con boleteos, extorsiones, secuestros, retenes y amenazas permanentes habían irrumpido en Meta y Guaviare y tenían acorralados a sus habitantes. El epicentro de la lucha por el control del territorio cultivado de coca estaba en el municipio de Mapiripán y en su corregimiento La Cooperativa, en Meta, donde varios frentes subversivos actuaban a sus anchas.

«Yo no me dejo condenar a 40 años de prisión». General (r) Jaime Alberto Uscátegui

Los planes de Castaño y los otros jefes paramilitares se cumplieron al mediodía del 12 de julio de 1997. En el pequeño aeropuerto de San José del Guaviare aterrizaron las aeronaves DC3-3993 P y HK-4009X, provenientes de Necoclí y Apartadó con cerca de 20 hombres a bordo, armados y vestidos con uniformes de fa- tiga. Los hombres descendieron de las na-ves y emprendieron la marcha para cumplir con su macabra misión.

Se detuvieron durante algunas horas en el balneario Agua Bonita y luego partieron hacia un lugar conocido como Trocha Ganadera, donde se encontraron con 180 hombres del frente Guaviare de las Auc que estaban esperándolos. Divididos en grupos, por tierra y por el río hacia Mapiripán, llegaron el 15 de julio a La Cooperativa. En los siguientes cinco días, los paramilitares paralizaron la población: retuvieron a los campesinos, cerraron las tiendas y ordenaron suspender las actividades en las oficinas públicas. Luego perpetraron la masacre.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que las Auc condujeron a las víctimas a los mataderos de las dos poblaciones y que allí las descuartizaron y luego las arrojaron a las aguas del río Guaviare. Inicialmente sólo aparecieron los cuerpos de 10 campesinos, pero Carlos Castaño reconoció la ejecución de 49 y, más tarde, las autoridades establecieron en 30 el número de muertos.

Doble aviso



Leonardo Cortés Novoa

En la mañana del 21 de julio quedó al descubierto la crueldad de los asesinos, y entonces empezaron los señalamientos y el juicio de responsabilidades contra la Fuerza Pública acantonada en la región. Los investigadores de la Fiscalía no tardaron en establecer que el mismo día del arribo de los paramilitares, el juez de Mapiripán, Leonardo Cortés Novoa, había visitado al coronel Hernán Orozco, comandante (e) del batallón Joaquín París –con sede en esa población– para informarle que las Auc habían llegado para asesinar a campesinos que consideraban aliados de la guerrilla.

El coronel Orozco confrontó la versión del juez y confirmó que algo grave estaba por ocurrir. Entonces se comunicó por teléfono con el general Uscátegui para suministrarle la información que tenía y para solicitarle apoyo para enfrentar a los paramilitares, pues no tenía tropas a su disposición. El oficial reiteró la petición al día siguiente, 16 de julio, mediante un documento –el número 2919– de 10 puntos, en el que dejaba constancia: «Pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores de la antes mencionada ciudad». El informe fue enviado esa tarde por fax al despacho del general Uscátegui en el comando de la VII brigada, en Villavicencio.

La defensa de Uscátegui se centró en demostrar que no tenía mando sobre Mapiripán.

La Fiscalía estableció también que los paramilitares habían aterrizado sin problemas en el pequeño aeropuerto de San José, controlado por tropas del Ejército y por la Policía Antinarcóticos, que tiene allí una base, pero que no había quedado registro alguno de la llegada de los aviones ni de los pasajeros, pese a que esa inspección era obligatoria.

Siguiendo las pistas, una tras otra, en las semanas siguientes los investigadores establecieron que el jefe del grupo paramilitar era Luis Hernando Méndez, René, quien se había hecho cargo de que no quedara registro del aterrizaje de las aeronaves y había organizado el traslado de los paramilitares hasta Mapiripán, y además identificaron como partícipes en la masacre a Miguel Enrique Vergara, Cepillo; José Pastor Gaitán Ávila; Édison Londoño Niño; Gilberto Yaguará Cuéllar, y Pedro Conde Anaya, entre otros. Finalmente, la Fiscalía halló responsables a los sargentos del Ejército José Miller Ureña, Juan Carlos Gamarra y Jorge Luis Almería, que tenían a su cargo el aeropuerto de San José el día en que aterrizaron los aviones.

Uscátegui vs. Orozco

Tras la identificación de los autores materiales y de sus cómplices, la atención de la justicia, de las ONG y de los medios se centró en el general Uscátegui, acusado de omisión por no haber enviado tropas a la zona, a pesar de las advertencias del coronel Orozco. Aunque Uscátegui rechazó las acusaciones, el asunto se le enredó aun más cuando se conoció que mediante presiones, había logrado que el comandante del batallón Joaquín París modificara el oficio 2919 para que quedara la expresión «presuntos paramilitares». La maniobra quedó al descubierto y tras una larga batalla jurídica, el coronel Orozco logró probar que había una grave amenaza contra su vida y contra su familia, razón por la cual fue sacado del país con el apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos respaldadas por la OEA.

La defensa del general (r) Uscátegui se centró, entonces, en demostrar que la VII brigada a su cargo no tenía mando operacional sobre Mapiripán, porque no lejos de allí operaba la Brigada Móvil 2, en proceso de reentrenamiento, al mando del coronel Lino Pinzón. Según Uscátegui, él no actuó porque supuso que el coronel Orozco le había informado a Pinzón sobre la presencia de los para-militares. Pero el argumento fue desestimado porque la Fiscalía recibió una certificación firmada por el entonces comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, en la cual aseguraba que cuando ocurrió la matanza, el batallón comandado por Orozco dependía de la VII brigada y que la Brigada Móvil 2 no tenía una jurisdicción específica (ver recuadro).

» Ustedes saben que soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. «

«Entonces hagámonos pasito… » General Uscátegui

Finalmente, el 10 de marzo de 2003 la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía llamó a juicio al general Uscátegui como presunto autor por omisión, de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y falsedad en documento público. En la misma providencia, absolvió de esos cargos al coronel Orozco y sólo lo acusó de falsedad en documento público.

El general Uscátegui consideró injusta la decisión de la Fiscalía y aseguró que, en su concepto, los directos responsables de la matanza de Mapiripán habían sido los coroneles Pinzón y Orozco. Entonces, decidió defenderse de dos maneras: a través de la justicia, mediante el recurso de apelación ante las fiscalías delegadas en el Tribunal Superior de Bogotá, y mediante la presión a sus superiores en busca de ayuda.

La segunda estrategia de Uscátegui queda al descubierto en la grabación obtenida por CAMBIO, realizada en julio del año pasado. En la conversación con una persona cuya voz no se identifica, el militar deja claro que, si el alto mando militar no lo ayuda, sacará a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas. «Vea, mi general, yo ya estoy mamado de esto. Ustedes saben que yo soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. Entonces hagámonos pasito… hagámonos pasito», dice Uscátegui en la grabación, refiriéndose a una conversación que dice haber sostenido con el general Mora (ver recuadro). No cabe duda de que las declaraciones de Uscátegui volverán a poner sobre el tapete la masacre de Mapiripán, sobre la cual aún queda mucho por aclarar.

CAMBIO intentó contactar al general Mora, el jueves pasado, para oír su versión de los hechos, pero le informaron que el general había viajado para hacerse cargo de la Embajada de Colombia en Corea del Sur.

Lo que dice el general Uscátegui

CAMBIO transcribe los apartes más significativos de la grabación en la que el general hace importantes revelaciones sobre la masacre de Mapiripán.

«El juicio será mi gloria. Y si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia. Con esta cuestión (la masacre de Mapiripán), ya descubrí qué fue lo que pasó. Es sumamente grave, gravísimo, porque se comprobó una cuestión que nosotros toda la vida hemos negado, que es el vínculo de los militares con los paramilitares. Afortunadamente fueron esos mandos medios ¿no?, pero no deja de ser una realidad».

-«Hubo una cosa muy particular. Parece que en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Presidencia de la República, saben que allá sucedieron cosas muy terribles y cosas gravísimas para el Ejército y para el país. Y pueden tumbarnos el Plan Colombia. Eso ya no es de los cinco millones que nos negaron ahora, nos tumban los 600 y acaba con todo. Yo sé muchas cosas, demasiadas… Sin estar allá en San José del Guaviare, me enteré de muchas cosas que están en el proceso, pero están como en una cápsula porque no conviene que salgan a la luz pública».

-«Aquí vino el general Mora a hablar conmigo. Yo le dije: vea mi general, usted sabe que yo soy inocente, yo estoy esperando que este fiscal tumbe eso, pero si no lo tumba, yo me voy a juicio y no me voy a dejar meter 40 años. Lo que yo sé ya está en el proceso, lo que pasa es que lo tienen tapado porque no quieren que trascienda, pero lo que está ahí lo hago público si voy a juicio».

-«La ex esposa del sargento Carlos Gamarra, quien está detenido en una celda en el batallón de Policía Militar, fue a la Fiscalía y dijo que en el computador de él había cosas raras. El sargento Gamarra trabajaba en inteligencia en el batallón París. La Fiscalía fue y en un allanamiento revisó el computador. Tenía 58 disquetes y no había muchas cosas de valor. Pero la Fiscalía no es torpe y mandó el computador con disquetes y todo a la embajada americana, a esta señora Anne Patterson, quien mandó el computador a Miami. Allá nombraron un especialista en sistemas y computadores que utilizó unos códigos azules que no son comerciales y descifró absolutamente todo y sacó 300 documentos. Esos documentos no pueden salir porque son una bomba».

-«¿Qué hay en los 300 documentos? Yo los tengo porque llegaron a mi proceso y los pude sacar: los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira, que es un municipio de Mapiripán… (sic) en esa brigada estaba Freddy Padilla de León. Los reglamentos de las Autodefensas Unidas de Colombia los hacían en ese computador. Por ejemplo, cogían un reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares y le borraban donde decía Fuerzas Militares y le colocaban para los Miembros de las Auc».

-«En ese computador también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las Auc, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban. Las amenazas al fiscal Virgilio Hernández Castellanos diciéndole que suspenda esa investigación, porque si no su árbol genealógico desaparecerá del mapa. Amenazas a Alfonso Gómez Méndez tratándolo de pícaro; a ganaderos; extorsiones a los Rodríguez Orejuela dándoles las gracias por la plata que ellos les han dado. Mejor dicho, uno solo de esos documentos sale a los medios y es un escándalo».

-«Entonces le dije aquí a mi general Mora: vea mi general, yo ya estoy mamado de esto. Ustedes saben que yo soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. Entonces hagámonos pasito… hagámonos pasito. Yo estoy esperando que esta fiscal me precluya porque es justo, pero si ustedes no pueden hacer nada, no hagan nada… yo me voy a juicio. Pero la cosa es seria porque los documentos son gravísimos.»

-«En ese computador hicieron una contraseña, un código de comunicaciones para el jefe de los paramilitares que actuó allá, un cabo primero del Ejército, retirado, que venía de Urabá. Los aviones que transportaron la carga y los paramilitares salieron del aeropuerto Los Cedros en Urabá y del aeropuerto de Necoclí. En uno venían paras y en otro venía la carga. Las declaraciones de la Policía, que están allí escondidas en el proceso, dicen que los paramilitares salieron escoltados por el Ejército Nacional, o sea que el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño. ¡Berraquísimo!».

-«Todo eso está ahí. Le dije: mire, mi general Mora, le voy a poner a usted un ejemplo muy sencillo: resulta que en San José del Guaviare había una red de inteligencia militar organizada por un teniente que tenía gente en Mapiripán. El teniente fue el primero que se enteró cuando llegaron los paramilitares. Los tres agentes de Mapiripán lo llamaron por teléfono y le dijeron que acababan de llegar 80 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia. El teniente les informó por fax al coronel Orozco y al coronel Lino Sánchez. Esta gente no hizo nada ni difundió el documento. Esto fue el 15 de julio, el mismo día que llegaron los paras».

-«El 21 de julio, el teniente les mandó otro fax en el que les informó cuáles fueron los resultados de la masacre. El Ejército tiene una figura… el Ejército dice que fueron tres muertos y efectivamente no se encontraron sino tres cadáveres. Se habla de desapariciones, pero no hay denuncias de eso. El único que dice que hubo cuarenta y pico de muertos es Carlos Castaño Gil, pero a él no se le cree porque es un bandido».

-«Resulta que en este documento el teniente dice que los muertos pasaron de 30 y que utilizaron técnicas macabras, machetazos, sierras y después los quemaron con ácidos y las cenizas las echaron al río. Eso es cierto, pero ese documento también lo escondieron».

-«Entonces el teniente les dice a la brigada Móvil 2 y al batallón París que los paras estaban a ocho kilómetros de San José del Guaviare, pero no actuaron. Venían de salida, los podían haber cogido y se había arreglado en algo el problema. Después el teniente les dice a Orozco y a Lino que vienen las Farc porque el Mono Jojoy las mandó de La Macarena a golpear a los paramilitares».

-«¿Qué hizo la Móvil 2? Una operación gigantesca y aplastó a las Farc y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los paras. Esto es gravísimo y es un secreto. Entonces el general Mora se quedó azul y yo le dije: mire, mi general, lo que yo le estoy diciendo es con pruebas. ¿Qué cara van a poner los representantes de las Farc cuando yo vaya a la Corte Suprema de Justicia y les diga: Vea, el Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las Farc para que no golpearan a los paras por habérseles metido a su territorio?».

El caso de Lino Sánchez

Los magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá tienen en sus manos otro caso relacionado con la masacre de Mapiripán. Se trata de la apelación del fallo de primera instancia mediante el cual fue condenado a 40 años de cárcel el coronel Lino Sánchez Prado, comandante (e) de la brigada móvil 2 que estaba en reentrenamiento a ocho horas, por tierra, de donde ocurrió la matanza.

Sánchez fue vinculado al proceso en marzo de 1999, 20 meses después de la incursión paramilitar, por un informe de la Policía Antinarcóticos que decía que el coronel había contactado a un oficial de la Policía en San José del Guaviare para que facilitara el aterrizaje de las aeronaves procedentes de Urabá. No obstante, en la audiencia pública contra Sánchez, el oficial de la Policía a quien el coronel había mencionado, dijo no haber tenido con él contacto alguno.

La defensa de Sánchez apeló la sentencia de la juez segunda especializada de Bogotá, Léster González, con base en tres argumentos: que la funcionaria no era competente para juzgar al oficial porque el proceso estaba radicado en Villavicencio y había sido trasladado a Bogotá sin cumplir los requisitos legales; que la juez varió la calificación del delito propuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos, pese a que el código de procedimiento penal no lo permite, y que cuando ocurrió la masacre, la brigada Móvil 2 no tenía jurisdicción sobre Mapiripán. Por otra parte, Roberto Ramírez Quintana, asesor jurídico de Sánchez, recusó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Julio Socha Salamanca –que integra la sala de decisión final en el caso– por su condición de hermano del general (r) Gustavo Socha Salamanca, comandante de la Policía Antinarcóticos cuando sucedió la masacre.

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