Yo Acuso

En 2005, en vísperas de Navidad, Rafael Enrique García, ex director de Informática del DAS, se sentía perdido porque la Justicia Penal acababa de llamarlo a juicio como principal responsable de haber borrado de la memoria del organismo los antecedentes de siete narcotraficantes y paramilitares. En la soledad de la fría celda que ocupaba de tiempo atrás en uno de los pabellones de alta seguridad de La Picota, tomó una decisión que ni siquiera consultó con un abogado: comunicar a la Fiscalía que estaba dispuesto a contar la historia no revelada sobre cómo en los últimos tres años los paramilitares se habían tomado el DAS.

Su oferta fue atendida de inmediato. A las 10:24 a.m. del viernes 16 de diciembre, escoltado por guardias del Inpec, García llegó al despacho de un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, comisionado especialmente para atender la diligencia y le dijo: «Vengo dispuesto, señor fiscal, a ganarme los beneficios contemplados en las normas sobre sentencia anticipada». De ahí en adelante, durante 15 horas y en el transcurso de tres sesiones -16 de diciembre, 7 de febrero y 10 de marzo-, García, bajo juramento, dio las declaraciones más explosivas que haya recibido la Fiscalía desde el tristemente célebre Proceso 8.000.

García aseguró que el entonces director del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cote, tenía una relación estrecha con Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y reveló que el 10% del valor de los más jugosos contratos de la entidad iba a parar a las arcas del jefe paramilitar. Sus denuncias no se detuvieron ahí. También relató cómo altos funcionarios del DAS habían entregado a las autodefensas de la Costa Atlántica una lista con los nombres de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda que luego fueron asesinados, y confesó haber participado en la preparación de un fraude que contribuyó a elegir a siete congresistas en 2002 y a obtener cerca de 300.000 votos para favorecer a Álvaro Uribe.

Noguera y las Auc

García, uno de los primeros individuos a los que Noguera llamó para vincular al DAS después de su nombramiento en agosto de 2002, les contó a los investigadores que tenía una relación muy cercana y de más de 10 años con Noguera. «Por lo menos dos o tres veces por semana, cuando él llegaba, yo subía a su despacho a tomar capuchino -dijo García-. En esas conversaciones Jorge me contaba todo a mí».

Acto seguido, el testigo aseguró que desde cuando él llegó a la dirección de Informática del DAS, Noguera le hizo saber que su administración colaboraría con los grupos de autodefensa y en particular con los de la Costa Atlántica. «Jorge (Noguera) mantenía contactos con Hernán Giraldo -jefe del frente Resistencia Tayrona-; con David Hernández, 039, -jefe de las autodefensas del Cesar-, y con Jorge 40, que en aquel entonces era el segundo al mando en el bloque Norte -declaró García-. Algunas veces le escuché mencionar a Salvatore Mancuso, pero con este último no se qué relación tenía».

Cuando el fiscal que lo indagaba le preguntó datos precisos sobre estas relaciones, García señaló que en 2003, en la celebración de las Fiestas del Mar en Santa Marta, Noguera subió al lugar de la Sierra Nevada donde hay instaladas unas antenas de la red de televisión nacional para encontrarse con Jorge 40. «Jorge le pidió a Jorge 40. que apoyara al doctor José Fernández de Castro como su candidato a la Gobernación de Magdalena -le dijo García al Fiscal-. La comunicación entre ellos dos se realizaba a través de varios, pero específicamente por medio de Álvaro Pupo, quien es familiar de Jorge 40.. Muchas veces vi a este señor en la dirección del DAS, en Paloquemao, para visitar a Jorge».

García también contó que Noguera le filtró a Hernán Giraldo los detalles de la Operación Ciclón que la Fiscalía y la Unidad de Delitos Financieros del DAS iban a adelantar contra él y algunos miembros de su organización. Y además afirmó que Noguera se había molestado mucho porque el detective encargado de esa operación, Sigifredo Fuentes, había viajado a Santa Marta sin contarle y que por eso lo trasladó a Arauca, un destino considerado por los detectives como un castigo. Fuentes no aceptó el traslado y renunció.

Sindicalistas en la mira


Alfredo Correa D´Andreis

Tras explicar la relación de Noguera con los comandantes paramilitares de la Costa Atlántica, García abrió un nuevo y escalofriante capítulo: la muerte de sindicalistas y dirigentes de izquierda a manos de agentes del DAS y de un grupo de sicarios de las Auc.

García aseguró que a comienzos de 2004 recibió la visita de un amigo que vivía en Riohacha, que le pidió ayuda para identificar al grupo que estaba amenazando a una amiga suya, y que en el curso de las averiguaciones en la sección de Inteligencia descubrió que, en efecto, desde el DAS habían enviado a los paramilitares una lista con los nombres de 24 dirigentes -incluida la mujer- de Sintragricola, Sindeagricultores, Anthoc, Fensuagro y la Confederación General de Trabajadores, CGDT, que adelantaban actividades en Bolívar, Atlántico, Sucre y La Guajira. «Cuando averigüé por la forma como esta información se le hacía llegar al bloque Norte de las autodefensas -relató el testigo-, en Inteligencia me dijeron que era entregada por el director Jorge Noguera a Alvaro Pupo con destino a Jorge 40».

Para ampliar su grave denuncia, García dijo que en julio de 2003, por petición de las Auc, Noguera nombró a Rómulo Betancourt en la dirección del DAS en Bolívar, para sacar del camino a quienes señalaba el jefe paramilitar. Según García, en noviembre de 2003, funcionarios del DAS y miembros de las Auc enviados por Jorge 40 asesinaron a Zully Codina Pérez, enfermera del Hospital Central de Santa Marta que pertenecía a la CGDT, seccional Magdalena, y el 17 de septiembre de 2004 dieron muerte en Barranquilla al profesor Alfredo Correa D’Andreis. «Me sorprendió mucho el asesinato del profesor Correa puesto que yo había visto el listado antes de esos hechos», dijo García y destacó el hecho de que las muertes coincidieron con la llegada de Giancarlo Auqué de Silvestri a la dirección de Inteligencia del DAS, trasladado temporalmente de la Secretaría General del DAS y muy amigo de Noguera.


Zully Codina

En otro aparte de la confesión, García relató que cuando el DAS tuvo información en el sentido de que en Taganga, cerca de Santa Marta, se había conformado una célula del Eln, Noguera le comentó que le había pedido a Gloria Bornacelly, entonces directora seccional, que actuara. «Me dijo que él ya le había dicho a ella que no quería presos -aseguró el testigo-, que lo mejor era darlos de baja».

Tras agotar el tema de las listas enviadas por los paramilitares, García reveló que Noguera les exigía comisión a contratistas del DAS a cambio de más contratos, y que esos dineros eran entregados a Jorge 40. En la declaración que dio el 10 de marzo, García aseguró que en 2003 se reunió con Francisco Duque Chacón, gerente MT BASE, quien le informó que Noguera le había exigido un porcentaje sobre un contrato que estaba a punto de firmar por 3.000 millones de pesos para el suministro de equipos de comunicación. «Me dijo que él se había comprometido a darle a Jorge Noguera el 10% del contrato», contó García.

El testigo agregó que días más tarde había ido al despacho de Noguera para hablarle sobre el asunto, que éste no negó lo de las comisiones. «En tono coloquial me dijo que había hecho un acuerdo con el gerente de MT BASE y que si yo lo podía ayudar con la recepción de ese dinero -declaró el testigo-. Le dije que era imposible recibir esa suma, puesto que yo no tenía cuentas para tal fin».

Noguera insistió en buscar un mecanismo para desviar el dinero de las comisiones y se le ocurrió usar una cuenta de la esposa de García, Liliana del Castillo Ospino, propietaria de un próspero negocio de compra -venta de ropa y préstamo de dinero-. «Ella accedió a ayudarme por el hecho de ser mi esposa -afirmó García-. Le dije que podíamos aprovechar las cuentas bancarias de sus amigas y fue así como se recibieron sumas de dinero en varias cuentas personales (…) Yo les pedía que retiraran el dinero y luego se lo llevaba a Jorge a su apartamento en la carrera 7„ llegando a la calle 100 .



El testigo también sindicó a Auqué de Silvestri, entonces jefe (e) de Inteligencia y Secretario General del DAS, y dijo que se había apropiado de la comisión de un contrato por 3.800 millones de pesos para el suministro de equipos de Inteligencia. «En una ocasión, Jorge muy disgustado me dijo que Giancarlo había hecho su negocio con un contrato de la sala de interceptación por 3.800 millones de pesos -contó García-. Me dijo que Giancarlo se había apropiado de la comisión pese a que él sabía que estos dineros tenían que ser entregados a Jorge 40. Me dijo que si Jorge 40 se enteraba de que ellos estaban apropiándose de dineros producto de las comisiones de contratos, los mataría a ambos (…) Hasta ese momento me vine a enterar del destino final de esos dineros».

Finalmente, García le dijo a la Fiscalía que luego de ser capturado en enero de 2005, recibió un mensaje de Duque, gerente de la firma MT BASE, que le pedía que no lo fuera a delatar. «estaba muy asustado porque Noguera le había manifestado que esos recursos serían para grupos de autodefensa».

El revelador y explosivo testimonio de Rafael García, ex director de Informática del DAS, no sólo confirma las sospechas que de tiempo atrás rondaban entre la opinión con respecto a lo sucedido en el DAS entre 2002 y 2005, sino que además muestran la enorme gravedad de lo que allí ocurría. Si la Fiscalía logra confirmar estas revelaciones, podría convertirse en uno de los más aberrantes casos de infiltración de las organizaciones criminales en una entidad estatal.

Y no en cualquiera. Se trata, justamente, del organismo encargado de velar por la seguridad del Estado, amenazada durante décadas por los grupos armados ilegales. De seguro la Fiscalía y demás entidades de control deben interesarse en este caso -entre ellos el propio DAS, a cuya cabeza está hoy Andrés Peñate, un director con toda la credibilidad-, pues están en la obligación de atar todos los cabos de esta historia y de contarle al país hasta dónde el brazo de la mafia paramilitar penetró al DAS.

El fraude

En las declaraciones de Rafael García ante la Fiscalía aparece mencionado Enrique Osorio de la Rosa, a cuyo nombre figuraba una de las cuentas que movieron las comisiones pagadas por MT Base. Se trata de un amigo de colegio que en 2002 trabajaba en la Registraduría de Magdalena quien, según García, se convirtió en aliado clave de un fraude electoral orquestado por Jorge 40 en las elecciones parlamentarias de ese año.

Asegura García que los preparativos del fraude corrieron por cuenta del representante a la Cámara José Gamarra Sierra, quien les dijo a él y a Osorio de la Rosa que debían preparar un programa de computador para consolidar un listado de mesas de votación y nombres de electores en Cesar, La Guajira y Magdalena. » Jorge 40 había distribuido aproximadamente 21 municipios de Magdalena en una especie de distritos electorales -explicó García-. Los municipios del sur del departamento deberían votar por Luis Eduardo Vives al Senado, y por Alfonso Campos Escobar a la Cámara».

En ese pacto electoral, los municipios del centro le fueron asignados a Dieb Maloof, aspirante al Senado, y a Gamarra, que buscaba la Cámara. Los del occidente correspondían a Salomón Saade para Senado, y a Jorge Luis Caballero para la Cámara.

El plan se haría extensivo a La Guajira, para favorecer la aspiración de Jaime Ezpeleta de llegar a la Cámara; a Cesar, para elegir como senadores a Álvaro Araújo Castro y a Mauricio Pimiento, y como representantes a Miguel Ángel Durán y a Jorge Ramírez, y a Bolívar, para respaldar a William Montes. «En resumen lo que fraguaba era un fraude electoral de proporciones gigantescas -dijo García-. Para esto diseñamos un programa de computador que cargaba el censo electoral con los nombres y listaba las mesas de votación por cualquier criterio. Es decir, por mesa, por puesto, por municipio. El señor José Gamarra facilitó el dinero necesario para todo esto. Se lo entregaba a Enrique Osorio».

La operación continuó cuando el bloque Norte reunió a los registradores de los municipios señalados como objetivo y, bajo presión, los obligó a designar a los jurados que los candidatos escogieran. Los jefes paramilitares les dijeron qué debían hacer para garantizar que los votos de cada municipio correspondieran a los candidatos de Jorge 40 .

Pero García fue más allá y dijo que el fraude también se dio en las elecciones presidenciales. «Para las elecciones presidenciales también se gestó el mismo fraude para garantizar la votación por el candidato Álvaro Uribe Vélez -dijo García ante la Fiscalía-. Fue por esto que el doctor Uribe en el único departamento de la Costa en que ganó fue en Magdalena. Se le aportaron aproximadamente 300.000 votos».

Interrogado por el Fiscal sobre individuos que tuvieran conocimiento del fraude, García respondió: «Jorge Noguera, entonces director de la campaña presidencial en Magdalena; Martha Romero Villa, encargada del control electoral y actual subdirectora de la Dirección Nacional de Estupefacientes; Juan Carlos Vives Menotti, coordinador de la campaña en la Costa Atlántica y hoy Director Nacional de Estupefacientes, y Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, coordinador de Magdalena y Cesar, y actual Consejero Presidencial para la Juventud».

García afirmó también que en algunas ocasiones los seis candidatos al Congreso respaldados por las Auc en Magdalena se reunieron con Jorge 40en la sede de la campaña uribista. Y frente a la pregunta sobre si el candidato presidencial, Álvaro Uribe, estaba enterado, el testigo contestó: «Pues la verdad quien hablaba con el candidato era Jorge Noguera, director de la campaña en Magdalena, y no sé qué tanto podría estar informado el doctor Uribe».

Los juramentos del testigo

Consultado por CAMBIO, Hitler Rousseau Chaverra, director del programa presidencial Colombia Joven, explicó que no perteneció a los cuadros de la campaña uribista y que sólo en dos ocasiones viajó a Santa Marta. «No participé en ninguna actividad proselitista. Fui para dar dos charlas académicas abiertas sobre la estructura electoral en Colombia», dijo.

«Recientemente -agregó- acudí a una declaración ante la Fiscalía y expliqué con claridad que nunca fui amigo de Rafael García y que mi relación con él fue puramente institucional cuando me
desempeñé, durante siete meses y siete días, como un modesto abogado de la oficina de contratos en el DAS. Me preguntaron qué sabía sobre un movimiento autodenominado La Provincia Unida y dije, porque así es, que jamás supe de su existencia».

Habla Noguera

Desde su oficina del Consulado de Colombia en Milán, Italia, el ex director del DAS Jorge Noguera, dijo que no responderá a las denuncias de Rafael García y, aunque eludió contestar las preguntas de CAMBIO, declaró:

«NO ME IMPORTA lo que diga de mí un delincuente como Rafael García».

«GARCÍA ES CAPAZ de vender a la mamá para salirse con la suya. Sus afirmaciones son producto de un cuento viejo».

«SUS PALABRAS deben tener para el país la misma credibilidad que en su momento tuvieron las de Pablo Escobar».

«DESDE HACE MUCHO tiempo le he pedido a la Fiscalía que oiga mi declaración para cerrar definitivamente este capítulo».

«DESCONFÍO DE LOS PERIODISTAS colombianos porque me han hecho mucho daño. Publiquen lo que quieran».

Los peros al testigo

Aparte de la inminente condena por haber borrado el pasado criminal de algunos delincuentes, Rafael García está sindicado de lavado de activos. En enero de 2005, agentes del DAS pusieron en su computador un dispositivo denominado `husmeador’ para monitorear sus correos electrónicos y comprobaron que se comunicaba con varios individuos, incluida una hermana suya en España, con el objeto de organizar el envío e ingreso a Colombia de fuertes cantidades de euros.

García culpó a Ariel Garzón, uno de sus subalternos, y para hacerlo se apoyó en el hecho de que la mayoría de los mensajes le llegaba a éste. Como varios de ellos estaban firmados por su hermana, García le aseguró a la Justicia que no sabía que entre ella y Garzón existiera una relación tan estrecha.

Cuando Garzón fue llevado a indagatoria juró, entre sollozos, que García lo obligaba a ir al aeropuerto Eldorado, con agentes de confianza, para recoger las remesas. «Rafael me amenazaba con que me haría echar –dijo-. Yo me ganaba dos millones de pesos, era mi primer trabajo y no quería perderlo».

La Fiscalía también le rastrea varios bienes a García en la Costa Norte. Hay evidencia de que compró un restaurante en Barranquilla y un exclusivo apartamento en otra ciudad, negocio en el que cubrió las arras con un cheque girado por MT BASE, la misma firma que él dice que le pagaba millonarias comisiones al entonces director del DAS con destino a Jorge 40.

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